EL COSTO ECONÓMICO DE LA INJUSTICIA: CÓMO LA CORRUPCIÓN Y LA INSEGURIDAD JURÍDICA PARALIZAN EL DESARROLLO DE UN PAÍS

El día de ayer se ejecutó la aprehensión del Exministro de Hidrocarburos y Energías Mauricio Medinaceli, en el marco de las investigaciones que se vienen realizando por el caso Gasolina Adulterada (Gasolina Basura).

Así como muchos de ustedes, me vi sorprendido, pero también un poco contrariado, porque a priori, por razones totalmente subjetivas, pienso que el Exministro Medinaceli, no tuvo una participación directa en este caso y que es inocente. Sin embargo, los subjetivo tiene una carga de emociones y criterios personales que una investigación científica debería no tomar en cuenta, por lo cual el poder judicial debería presentar los resultados basados en evidencia, disminuyendo así la probabilidad de error y buscando la “verdad objetiva” de los hechos.

Al señalar la frase “verdad objetiva” aparentemente se está fortaleciendo este término, porque la verdad tendría que ser única, por lo cual no debiera ser necesario ser redundante, pero cuando pienso en la justicia en Bolivia esa frase creo que es necesaria, porque en los últimos veinte años el país ha vivido tantos hechos judiciales, tantas demoras en los plazos procesales, impunidad, falta de ejecución de arrestos, corrupción, otros; y esto no es una afirmación personal, es lo que se viene observando a través de declaraciones de los políticos, empresarios, instituciones, otros; difundidos principalmente por los medios de comunicación y redes sociales.

En este marco judicial descrito, si bien mi interés era mostrar esta posición ambivalente que tuve con relación al caso de la gasolina adulterada y en especial en relación al arresto del Exministro Medinaceli, después de hacer una evaluación general de la impartición de la justicia, pienso que esta exautoridad tiene más posibilidades políticas, intelectuales y económicas de defensa, que el resto de las personas y empresas que día a día se enfrentan al poder judicial, por lo cual quise ahondar un poco en lo que trasunta realmente la justicia.

En ese contexto, numerosos procesos judiciales han marcado el debate público durante las últimas décadas. Casos como José María Bakovic, Fondo Indígena y Nemesia Achacollo, Evo Morales, Jeanine Áñez, Arturo Murillo, Terrorismo—Hotel Las Américas, Quiborax, Gabriela Zapata—CAMC, Santos Ramírez—Catler Uniservice, Banco Unión—Juan Pari, Misiles Chinos, Octubre Negro, Senkata y Sacaba, Odebrecht en Bolivia, ABC, Respiradores Españoles, Gases Lacrimógenos, Golpe de Estado I y II, procesos vinculados al caso Zúñiga y el caso de la Gasolina Adulterada; siendo estos una muestra importante que tiene relación con los políticos y gobiernos de turno. Otros casos judiciales involucran a empresas públicas y privadas (Grandes, medianas, pequeñas, microempresas) y finalmente casos personales, donde las familias que son la base de la sociedad se ven directamente afectadas psicológicamente y económicamente por la falta de aplicación de una justicia transparente y justa (aunque suene redundante).

Hay quienes creen que la justicia es un problema exclusivo de abogados, jueces o políticos. Nada más lejos de la realidad. La justicia es, probablemente, una de las instituciones que más influye en la economía de un país, porque determina si las personas confían en que sus derechos, su patrimonio y sus inversiones serán protegidos.

Todo comienza en lo más pequeño. Una familia que enfrenta un proceso interminable, una víctima que no obtiene reparación, o un ciudadano que percibe que la ley no se aplica de manera uniforme. Detrás de cada expediente existen personas, hogares, ingresos y proyectos de vida que pueden quedar suspendidos durante años. La incertidumbre jurídica no solo genera frustración, también tiene un costo económico directo. Ese mismo fenómeno alcanza a emprendedores y pequeñas empresas.

Cuando las reglas dejan de ser predecibles o existe la percepción de que la aplicación de la ley depende más de influencias o del poder que del derecho, el costo de emprender aumenta. La inseguridad jurídica desincentiva la inversión, limita la creación de empleo y reduce las posibilidades de crecimiento.

El problema tampoco se limita a los tribunales. La percepción de justicia o injusticia también se construye a partir de las decisiones administrativas. Cuando la gente percibe que las normas tributarias, regulatorias o administrativas se aplican de manera desigual o imprevisible, la confianza en el conjunto del Estado comienza a deteriorarse.

Al crecer la escala, el impacto deja de ser únicamente familiar y se convierte en un problema nacional. Empresas medianas y grandes necesitan mucho más que incentivos tributarios: requieren reglas estables, contratos que se respeten y autoridades capaces de resolver controversias con imparcialidad. Sin esos elementos, la actividad económica pierde dinamismo y la incertidumbre termina incorporándose como un costo adicional para producir, invertir y generar empleo. Pero la consecuencia más profunda no termina en los tribunales: alcanza la economía nacional.

Ningún inversionista, sea boliviano o extranjero, evalúa únicamente la rentabilidad de un proyecto. También analiza si existe seguridad jurídica, estabilidad institucional y confianza en los mecanismos para resolver disputas. Sin confianza, la inversión se retrae; sin inversión, se debilita la creación de empleo; y sin empleo sostenido, es mucho más complejo construir un país con oportunidades. La primera inversión que Bolivia necesita recuperar no es financiera: es la confianza en la justicia y sus instituciones.

By: Maldana

Marcos Alejandro Aldana Dávila