¿PRODUCTORES DE HOJA DE COCA O CÓMPLICES DEL NARCOTRÁFICO? EL CASO DEL CHAPARE EN BOLIVIA

En las últimas décadas, el debate sobre los cocaleros del Chapare (Cochabamba) ha sido intenso. ¿Son campesinos indígenas protegidos por su cultura ancestral o forman parte activa de la cadena de producción de cocaína? A continuación, un resumen claro y detallado basado en hechos históricos, datos oficiales nacionales e internacionales y el marco legal boliviano.

1. Contexto histórico y legal: Operaciones antinarcóticos, el rol de EE.UU y enfoque legal de países latinoamericanos.

Desde los años 80, Estados Unidos ha apoyado operaciones conjuntas en selvas y zonas productoras de Sudamérica. Ejemplos clave:

Operación Blast Furnace (Bolivia, 1986): Tropas y helicópteros estadounidenses apoyaron a la policía boliviana para destruir laboratorios en el Beni y Chapare. Se percibió como un ataque general contra comunidades campesinas, no solo contra narcos. Generó protestas masivas y fortaleció los sindicatos cocaleros, los cuales a la fecha se constituyen en ¿productores o socios del narcotráfico?
Otras redadas en Colombia (Tranquilandia, 1984) y capturas como la de “Otoniel” (2021) muestran un patrón similar: inteligencia de la DEA + fuerzas locales, pero impacto limitado a largo plazo.

En estos y otros casos, los campesinos cercanos a laboratorios o cultivos a menudo fueron tratados como parte del problema, aunque muchos eran trabajadores pobres o cultivadores. Sin embargo, como poder diferenciar entre unos y otros y peor aun cuando en algunos países existen permisos para usos tradicionales y basados en esto es difícil poder controlar y clarificar de manera correcta el involucramiento de los indígenas o campesinos en estas faenas.

A continuación, se presenta un resumen por País, de la comparación de enfoque legales sudamericanos con relación al campesino/indígena y la producción rural.

ENFOQUE LEGAL DE ALGUNOS PAISES SUDAMERICANOS

País	¿El cultivo es legal para el campesino/indígena?	¿Existe protección penal especial o estatus diferenciado?	Enfoque principal del Estado hacia el productor rural
Bolivia	Sí. Hasta un límite nacional de 22,000 hectáreas reguladas por sindicatos agrarios.	Sí. La hoja de coca está protegida a nivel constitucional como patrimonio cultural y medicinal.	Sindical y de soberanía nacional. Cooperación directa del Estado con el control social campesino.
Colombia	Ilegal (salvo usos estrictamente tradicionales dentro de resguardos).	Sí. El campesinado es sujeto de especial protección. El Acuerdo de Paz prioriza la no persecución penal.	Sustitución social. Planes de desarrollo alternativo (PNIS) para mitigar el estado de necesidad rural.
Perú	Sí, únicamente para aquellos agricultores registrados ante la estatal ENACO.	De facto sí. Se erradican las plantas del sector informal, pero el agricultor primario rara vez es encarcelado.	Monopolio estatal y erradicación. Tolerancia al consumo tradicional y persecución a las mafias de acopio.
México	Completamente ilegal (tanto amapola como marihuana a gran escala).	Parcial. La jurisprudencia y los jueces federales aplican atenuantes punitivas por extrema pobreza o aislamiento.	Mitigación del daño. Transición progresiva de la persecución militar hacia la atención de la exclusión social rural.
Ecuador	Completamente ilegal.	No de forma explícita. Las leyes de drogas son estrictas, pero los tribunales evalúan la escala del cultivo.	Punitivo con matices. Persecución del delito general, con defensas basadas en la vulnerabilidad socioeconómica del reo.
América Central (Guatemala / Honduras)	Completamente ilegal.	No. Las leyes de seguridad interior penalizan la tenencia de tierras con cultivos prohibidos.	Seguridad Nacional e Interdicción. Erradicación forzosa con apoyo militar y judicialización penal directa.
Chile	Completamente ilegal.	No. La Ley de Drogas aplica por igual, ignorando la condición de vulnerabilidad de zonas rurales.	Tolerancia Cero. Control estricto fronterizo y persecución penal estricta del tráfico e ingresos ilícitos.
Paraguay	Sí (Marihuana).	No. La ley procesa al campesino cultivador por igual bajo el cargo de tráfico.	Criminalización total, a pesar de que comunidades rurales enteras dependen de este cultivo para sobrevivir.
Brasil	No de manera masiva (Solo focos locales).	No. No existen atenuantes culturales, agrarias ni étnicas en su ley de drogas.	El indígena amazónico es víctima indirecta (amenazado por carteles que cruzan la frontera), no un sujeto legal protegido.
Venezuela	Sí, pequeños brotes fronterizos.	No. El marco legal es de seguridad nacional y defensa del territorio.	Erradicación militarizada y judicialización inmediata de los agricultores bajo cargos graves.
Uruguay	No	No aplica. Su legislación regula el mercado de cannabis pero con un enfoque civil-urbano.	No tiene poblaciones rurales vulnerables vinculadas a redes de plantaciones ilícitas de supervivencia.
Cuba	No	No. Tolerancia cero total del Estado.	Las leyes penales son draconianas; no se contempla el factor socioeconómico en zonas rurales.

Como se observa, los países de Bolivia, Perú, Colombia y Mexico de alguna manera el campesino/indígena (productor) tienen un trato diferenciado, otorgándose una protección legal especial o estatus diferenciado desde el ámbito legal por ser personas consideradas originarias, de culturas ancestrales o excluidas socialmente por factores económicos o sociales. Aspecto que genera diferencias en la legislación, siendo que las leyes deberían ser iguales para todos los habitantes de un país.

2. El giro con Evo Morales y la política “Coca sí, cocaína no”

Desde que Evo Morales lideró las federaciones de cocaleros del Chapare en los 90 y luego fue presidente (2006-2019), Bolivia cambió su enfoque:

Se expulsó a la DEA en 2008.
Se implementó el “control social”: los propios sindicatos vigilan los cultivos. (El ratón cuidando el queso)
Se expandió la superficie legal autorizada a 22.000 hectáreas nacionales.
La coca del Chapare se convirtió en la principal fuente de excedente para el mercado ilícito.

Resultado actual (datos UNODC[1]2024): Bolivia tiene alrededor de 34.000 hectáreas cultivadas (aumento del 10% vs. 2023). El excedente supera claramente la demanda tradicional (masticado, té, rituales).

El Chapare (Trópico de Cochabamba) y los Yungas de La Paz son las dos principales regiones productoras de coca en Bolivia, pero presentan diferencias notables: en 2024, el Chapare representó el 42% de la superficie cultivada de coca (14.275 ha) y los Yungas el 57% (19.230 ha) el 1% restante se encuentra identificado en el norte de La Paz. Sin embargo, el Chapare supera a los Yungas en producción potencial de hoja de coca (37.215 toneladas frente a 34.749 toneladas de hoja secada al sol) debido a un mayor rendimiento por hectárea (2.607 kg/ha/año en Chapare vs. 1.807 kg/ha/año en Yungas). En cuanto a calidad para el acullico, la hoja de los Yungas es más valorada para el consumo tradicional por su aroma, sabor y textura, mientras que la del Chapare, aunque menos apreciada para el masticado, es más utilizada en la elaboración ilícita de cocaína por su mayor contenido de alcaloides.

Se puede establecer una hipótesis basada en el análisis de los datos de producción y comercialización. El informe explica que, en 2024, solo el 8,5% de la producción potencial de hoja de coca del Trópico de Cochabamba (Chapare) fue comercializada en mercados autorizados, mientras que el resto no pasó por canales legales. Esto, sumado al hecho de que la hoja del Chapare tiene un mayor contenido de alcaloides y es menos valorada para el consumo tradicional, lleva a inferir que una parte significativa podría estar destinada a la producción ilícita de cocaína. Sin embargo, el informe es claro en que esta es una estimación basada en la diferencia entre la producción total y la cantidad comercializada legalmente, y no una afirmación absoluta. Por tanto, se trata de una hipótesis respaldada por datos indirectos (producción, comercialización y características de la hoja), pero no de una conclusión definitiva ni de una evidencia directa de que toda la hoja del Chapare se destine al narcotráfico.

3. Marco legal que protege a los productores

La ley boliviana distingue claramente la hoja de coca de la cocaína:

Constitución Política del Estado (2009), Artículo 384: Declara que la coca en su estado natural no es estupefaciente y la protege como patrimonio cultural, recurso natural y factor de cohesión social.
Ley General de la Coca (Ley 906 de 2017): Reconoce zonas autorizadas (incluyendo el Trópico de Cochabamba/Chapare), establece el “cato” por familia (~1.600 m²), crea registro de productores y pone el control en manos de los sindicatos.
El De reto Supremo Nº3318 (2017) reglamenta la Ley 906 define los elementos clave para la protección de los productores: i) Fomento al Desarrollo: Asistencia técnica crediticia y la diversificación de cultivos en zonas autorizadas, ii) Control social comunitario: Reconoce a los sindicatos como parte del sistema de control, basado en usos y costumbres, y iii) Mecanismos de Control: Detalla el proceso de retención y decomiso e incautación de hoja de coca priorizando procesos administrativos para productores registrados.

Esto convierte a los productores registrados en campesinos indígenas legítimos, no en delincuentes. Las sanciones por exceder límites suelen ser administrativas (decomiso, pérdida de registro) más que penales graves, no se encontraron estadísticas sobre las sanciones administrativas.

4. El doble estándar en la aplicación de la ley

Aquí surge la crítica principal:

Proveedores de químicos/precursores (ácido sulfúrico, kerosene, etc.): Son perseguidos activamente. Venderlos sabiendo su destino a pozas de maceración genera arrestos y juicios por facilitación del narcotráfico.
Productores de hoja de coca en Chapare: Aunque gran parte de su producción (históricamente 90-95% o más según reportes) va al procesamiento ilícito, rara vez enfrentan arrestos masivos. Se argumenta que “no saben” o que son víctimas de la pobreza, a pesar de que los precios informales y la presencia de laboratorios cercanos indican conocimiento.

Comparación clara: La captura de Sebastián Marset en Bolivia generó, la captura de cuatro personas que se encontraban con él en su domicilio, entre ellas la hermanastra de Marset. Asimismo, los guardias de seguridad y otros colaboradores, aproximadamente 15 personas, fueron intervenidos en otra vivienda, los motivos porque se arrestó a estas personas, son porque es gente cercana y por lo tanto cómplices del narcotraficante. Los cargos fueron por organización criminal, asociación delictuosa, tráfico y portación ilícita de armas de fuego y atentado contra miembros de organismos de seguridad del Estado en grado de tentativa

En el Chapare, la protección cultural y el poder sindical generan impunidad relativa para el eslabón de la materia prima de la cocaína. La policía y el ejército no entran libremente sin negociación con los dirigentes de los sindicatos. Asimismo, la población del Chapare, toman instalaciones militares y policiales, se toman rehenes (200 militares fueron retenidos durante la toma de cuarteles), el gobierno actual los acusa como “conspiración financiada por el narcoterrorismo”, pero no se hace absolutamente nada contra esta población que es impune a las leyes.

5. Datos económicos: Valor de la producción de coca antes y después de Evo

Pre-Evo (alrededor de 2005):

Valor de producción de hoja de coca (farm-gate): estimaciones históricas en torno a US$180-240 millones, representando alrededor del 2.1% del PIB.

2024 (UNODC):

Producción potencial de hoja seca: 72.887 toneladas métricas.
Valor estimado de la hoja de coca: US$349 a 618 millones.
Representa aproximadamente 1.3% del PIB total y hasta 10% del PIB agrícola.

Nota sobre el rango de valor (US$349-618 millones): El UNODC presenta este rango amplio porque calcula el valor de la producción potencial usando dos escenarios: precios más bajos de los mercados autorizados (destinados a usos tradicionales) y precios más altos del mercado informal/ilícito (donde va la mayoría del excedente del Chapare). Fuente: UNODC Bolivia Coca Survey 2024.

Comparación: El valor absoluto ha aumentado significativamente, pero como porcentaje del PIB total ha bajado por el crecimiento general de la economía boliviana.

6. ¿Cómo se quedan estos ingresos en la economía boliviana? Blanqueo y circulación

Gran parte de los dólares del narcotráfico ingresa a la economía real a través de consumo local, inversión en bienes raíces, vehículos, agricultura y comercio.
Un estudio clave del UDAPE (años 80-90) estimó que alrededor del 60% de los ingresos generados por el narcotráfico se quedaba en Bolivia. No se pudo encontrar información actualizada sobre este dato.
Blanqueo: Se realiza mediante compra de propiedades, empresas frontales, remesas, sistema financiero y sectores como construcción o comercio. Reportes de GAFILAT[2] destacan riesgos de lavado vinculados al narcotráfico.

7. Bolivia como país de tránsito: Relación con la producción y mayor impacto económico

Bolivia no solo produce hoja de coca y pasta base, sino que también funciona como país de tránsito clave para la cocaína, especialmente de Perú (y parte de su propia producción) hacia Brasil, Paraguay, Argentina, Chile y desde allí a Europa y EE.UU.

Rutas principales: Terrestres y fluviales hacia Chile, Brasil y Paraguay. Se combinan cargamentos bolivianos con peruanos. En 2024, la FELCN[3] reportó incautaciones récord de casi 46 toneladas de cocaína.
Relación con lo discutido: El modelo “Coca sí, cocaína no” y el control sindical en el Chapare facilitan no solo el cultivo, sino también el procesamiento local y el tránsito interno. Esto amplifica el doble estándar: mientras los productores de hoja están protegidos culturalmente, las redes de tránsito generan valor agregado (transporte, almacenamiento, logística y protección).
Impacto en los recursos que se quedan en Bolivia: El rol de tránsito incrementa significativamente los ingresos que permanecen en el país. Trae dólares adicionales de carteles extranjeros (brasileños PCC, colombianos, etc.) por “servicios de paso”. Estos recursos se blanquean en los mismos sectores y elevan el porcentaje que se queda en Bolivia más allá del 60% histórico estimado por el UDAPE.

8. Nota sobre Evo Morales y sus colaboradores cercanos

Hasta la fecha (2026), Estados Unidos no ha presentado cargos formales ni pruebas públicas directas contra Evo Morales por narcotráfico. Sin embargo, varios de sus colaboradores más cercanos y altos funcionarios de su gobierno han sido condenados en EE.UU.:

René Sanabria (ex jefe antidrogas) → condenado a 15 años.
Maximiliano Dávila (“El Macho”, ex jefe FELCN) → extraditado y condenado a 25 años.
Otros jefes policiales y funcionarios vinculados.

Recientemente han surgido menciones (aún sin confirmar judicialmente) sobre posibles declaraciones de Cilia Flores (esposa de Nicolás Maduro) que involucrarían a Morales, pero se tratan de afirmaciones políticas y periodísticas sin acusación formal contra él. Esto refuerza el debate sobre el doble estándar: protección fuerte al nivel de productores y base sindical, mientras se persigue con mayor fuerza a otros eslabones y funcionarios.

9. Conclusiones

La ley boliviana no es igual para todos. Protege deliberadamente a los productores de hoja de coca por razones culturales, indígenas y políticas, mientras persigue con más fuerza a otros eslabones (químicos, procesadores, transportistas). Esto responde a un contexto histórico de represión fallida, pero genera un doble estándar evidente:

Como productores: Sí, están amparados por la Constitución y la Ley 906 mientras respeten cuotas.
Como cómplices: Objetivamente contribuyen al suministro de materia prima para el narcotráfico, con pleno conocimiento económico del destino de gran parte de su producción.

El valor económico de la coca ha crecido en términos absolutos bajo el modelo “Coca sí, cocaína no”, y el rol de tránsito multiplica aún más los recursos que se quedan en Bolivia. Este modelo ha reducido confrontaciones violentas, pero mantiene el dilema: equilibrar derechos culturales, desarrollo rural real y control efectivo del narcotráfico sigue siendo un desafío pendiente.

Este documento no pretende desde ningún punto de vista defender a los proveedores de químicos y precursores, ni a los transportistas que colaboran con el narcotráfico, todo lo contrario, deseamos que disminuya la impunidad de gente que hoy se encuentra protegida por la normativa boliviana que fue generada durante el Gobierno de Evo Morales en su presidencia, mientras a su vez fungía como presidente de las federaciones del trópico de Cochabamba.

¿Qué opinas tú? ¿Es justa esta distinción legal o debería aplicarse el mismo criterio a todos los eslabones de la cadena? Comparte tu opinión con respeto.

Fuentes principales (para verificación):

UNODC Bolivia Coca Survey 2024.
Constitución Boliviana (2009) y Ley 906 (2017).
Estudios UDAPE, reportes FELCN e InSight Crime.
Información pública y verificable sobre casos judiciales.

By: Maldana - Marcos Alejandro Aldana Dávila

Economista.

[1] UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime. En español “Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito”.

[2] GAFILAT: Grupo de acción financiera de Latinoamérica, organización intergubernamental que reúne a países de América del Sur Centroamérica y América del Norte, su principal objetivo es prevenir y combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

[3] FELCN: Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico.

In recent decades, the debate surrounding coca growers in the Chapare region (Cochabamba) has been intense. Are they indigenous peasants protected by their ancestral culture, or are they active participants in the cocaine production chain? The following provides a clear and detailed overview based on historical facts, official national and international data, and the Bolivian legal framework.

1. Historical and Legal Context: Anti-Narcotics Operations, the Role of the United States, and Legal Approaches in Latin America

Since the 1980s, the United States has supported joint operations in jungles and coca-producing regions across South America. Key examples include:

Operation Blast Furnace (Bolivia, 1986): U.S. troops and helicopters supported Bolivian police forces in destroying laboratories in the Beni and Chapare regions. This intervention was widely perceived as a broad attack against peasant communities rather than exclusively targeting drug traffickers. It triggered mass protests and strengthened coca growers’ unions, which continue to raise the question: are they producers or partners in narcotrafficking?

Other raids in Colombia (Tranquilandia, 1984) and high-profile captures such as that of “Otoniel” (2021) reveal a similar pattern: DEA intelligence combined with local forces, but with limited long-term impact.

In these and other cases, peasants located near laboratories or coca fields were often treated as part of the problem, even though many were poor laborers or small-scale cultivators. However, distinguishing between these groups remains challenging—particularly in contexts where traditional uses of coca are legally permitted—making it difficult to clearly assess the involvement of indigenous and peasant populations in illicit activities.

LEGAL APPROACHES IN SELECTED SOUTH AMERICAN COUNTRIES

Country	Is cultivation legal for peasants/indigenous populations?	Is there special legal protection or differentiated status?	State’s primary approach toward rural producers
Bolivia	Yes, up to a national limit of 22,000 hectares regulated by agrarian unions	Yes, coca leaf is constitutionally protected as cultural and medicinal heritage	Union-based and sovereignty-oriented; direct state cooperation with peasant social control
Colombia	Illegal (except for strictly traditional uses within indigenous reserves)	Yes; peasants are considered a specially protected group; Peace Agreement prioritizes non-prosecution	Social substitution; alternative development programs (PNIS)
Peru	Yes, only for farmers registered with the state company ENACO	De facto yes; informal crops are eradicated, but primary farmers are rarely imprisoned	State monopoly and eradication; tolerance of traditional use
Mexico	Completely illegal	Partial; courts may apply mitigating factors due to extreme poverty or isolation	Harm reduction; shift from militarization to social policy
Ecuador	Completely illegal	Not explicitly; courts consider scale of cultivation	Punitive with nuances
Central America	Completely illegal	No	National security and forced eradication
Chile	Completely illegal	No	Zero tolerance
Paraguay	Yes (marijuana)	No	Full criminalization
Brazil	No (except small local cases)	No	Indigenous populations treated as indirect victims
Venezuela	Limited small-scale presence	No	Militarized eradication
Uruguay	No	Not applicable	Civil regulation (urban focus)
Cuba	No	No	Strict zero tolerance

As observed, countries such as Bolivia, Peru, Colombia, and Mexico grant differentiated legal treatment to peasants and indigenous producers. This often reflects recognition of their cultural identity or socioeconomic vulnerability. However, this differentiation introduces tensions within legal systems that are, in principle, meant to apply equally to all citizens.

2. The Policy Shift under Evo Morales: “Yes to Coca, No to Cocaine”

Since Evo Morales led the Chapare coca growers’ federations in the 1990s and later assumed the presidency (2006–2019), Bolivia significantly altered its policy approach:

The DEA was expelled in 2008
A system of “social control” was implemented, whereby unions themselves monitor coca production
The legal cultivation area was expanded to 22,000 hectares
Chapare coca became a major source of surplus for illicit markets

According to UNODC data (2024), Bolivia currently has approximately 34,000 hectares under cultivation (a 10% increase compared to 2023), with production exceeding traditional demand (chewing, tea, and ritual use).

Chapare (Tropics of Cochabamba) and the Yungas of La Paz are the country’s two main coca-producing regions. While the Yungas account for a larger share of cultivated area (57%), Chapare surpasses it in production due to higher yields per hectare. Moreover, coca from the Yungas is preferred for traditional consumption, whereas Chapare coca—less valued for such uses—contains higher alkaloid content and is more frequently associated with illicit cocaine production.

A key hypothesis emerges from production and commercialization data: in 2024, only 8.5% of Chapare’s coca production entered authorized markets. The remainder did not pass through legal channels, suggesting that a significant share may be diverted to illicit uses. However, this remains an indirect inference rather than definitive proof.

3. Legal Framework Protecting Producers

Bolivian law clearly distinguishes coca leaf from cocaine:

Political Constitution of the State (2009), Article 384: Declares coca in its natural state as non-narcotic and protects it as cultural heritage and a natural resource
General Coca Law (Law 906, 2017): Recognizes authorized zones (including Chapare), establishes the “cato” system (~1,600 m² per family), and assigns control to unions
Supreme Decree No. 3318 (2017): Provides technical, financial, and regulatory support; formalizes community-based control mechanisms

This framework legally recognizes registered producers as legitimate indigenous peasants rather than criminals. Sanctions for exceeding limits are generally administrative (e.g., confiscation, loss of registration) rather than severe criminal penalties.

4. Double Standards in Law Enforcement

A major criticism lies in the uneven application of the law:

Suppliers of chemical precursors (e.g., sulfuric acid, kerosene) are actively prosecuted and face imprisonment
Coca producers in Chapare, despite a large portion of their output reportedly entering illicit channels, rarely face mass arrests

The prevailing argument is that producers are either unaware of the final use of their crops or are victims of poverty. However, informal market prices and proximity to processing facilities suggest otherwise.

This contrasts sharply with high-profile cases such as the arrest of individuals linked to drug trafficker Sebastián Marset, where associates—including family members and security personnel—were prosecuted for criminal association and related charges.

In Chapare, cultural protection and union power generate a degree of relative impunity at the level of raw material production. Security forces often cannot operate freely without negotiation with union leaders, and instances of institutional confrontation—such as the temporary detention of military personnel—highlight the limits of state authority.

5. Economic Data: Value of Coca Production Before and After Evo Morales

Pre-Morales (circa 2005):
Coca leaf production value (farm-gate): historical estimates range between US$180–240 million, representing approximately 2.1% of GDP.
2024 (UNODC):
Potential production of dry coca leaf: 72,887 metric tons.
Estimated value of coca leaf: US$349 to 618 million.
This represents approximately 1.3% of total GDP and up to 10% of agricultural GDP.
Note on the value range (US$349–618 million): The UNODC presents this wide range because it estimates the value of potential production using two scenarios: lower prices from authorized markets (intended for traditional uses) and higher prices from informal/illicit markets (where most of the Chapare surplus is directed). Source: UNODC Bolivia Coca Survey 2024.
Comparison: The absolute value has increased significantly; however, as a percentage of total GDP, it has declined due to the overall growth of the Bolivian economy.

6. How Do These Revenues Remain in the Bolivian Economy? Laundering and Circulation

A significant portion of narcotrafficking-related dollar inflows enters the real economy through local consumption, investment in real estate, vehicles, agriculture, and trade.
A key study by UDAPE (1980s–1990s) estimated that approximately 60% of the income generated by narcotrafficking remained within Bolivia. No updated information on this estimate could be identified.
Money laundering: This occurs through the purchase of properties, front companies, remittances, the financial system, and sectors such as construction and commerce. Reports by GAFILAT[2] highlight money laundering risks linked to narcotrafficking.

7. Bolivia as a Transit Country: Relationship with Production and Greater Economic Impact

Bolivia is not only a producer of coca leaf and coca paste but also functions as a key transit country for cocaine, particularly from Peru (as well as part of its own production), toward Brazil, Paraguay, Argentina, Chile, and from there to Europe and the United States.
Main routes: Overland and river routes toward Chile, Brazil, and Paraguay. Bolivian shipments are often combined with Peruvian ones. In 2024, FELCN[3] reported record seizures of nearly 46 metric tons of cocaine.
Relation to the previous discussion: The “Yes to coca, no to cocaine” model and union-based control in Chapare facilitate not only cultivation but also local processing and internal transit. This reinforces the double standard: while coca leaf producers are culturally protected, transit networks generate added value (transport, storage, logistics, and protection).
Impact on resources retained in Bolivia: The transit role significantly increases the share of income that remains within the country. It brings additional foreign currency from external criminal organizations (e.g., Brazilian PCC, Colombian groups) in exchange for “transit services.” These funds are laundered in the same sectors, increasing the proportion that remains in Bolivia beyond the historical 60% estimated by UDAPE.

8. Note on Evo Morales and His Close Collaborators

As of 2026, the United States has not presented formal charges or direct public evidence against Evo Morales for involvement in narcotrafficking. However, several of his close collaborators and high-ranking officials from his administration have been convicted in the United States:
René Sanabria (former anti-narcotics chief) → sentenced to 15 years.
Maximiliano Dávila (“El Macho,” former FELCN chief) → extradited and sentenced to 25 years.
Other police chiefs and officials have also been implicated.
More recently, references have emerged (not yet judicially confirmed) regarding possible statements by Cilia Flores (wife of Nicolás Maduro) allegedly involving Morales. These remain political and journalistic claims without formal charges against him. This context reinforces the debate on double standards: strong protection at the level of producers and union bases, while other links in the chain and state officials face more aggressive prosecution.

9. Conclusions

Bolivian law is not applied uniformly. It deliberately protects coca leaf producers on cultural, indigenous, and political grounds, while more aggressively prosecuting other actors in the chain (chemical suppliers, processors, transporters). This reflects a historical context of failed repression but generates a clear double standard:
As producers: Yes, they are protected under the Constitution and Law 906, provided they comply with production quotas.
As accomplices: Objectively, they contribute to the supply of raw material for narcotrafficking, with economic awareness of the destination of a large share of their production.
The economic value of coca has increased in absolute terms under the “Yes to coca, no to cocaine” model, and the transit role further amplifies the resources retained within Bolivia. While this model has reduced violent confrontations, it sustains a fundamental dilemma: balancing cultural rights, genuine rural development, and effective control of narcotrafficking remains an unresolved challenge.
This document does not, under any circumstances, seek to defend suppliers of chemicals and precursors, nor transporters who collaborate with narcotrafficking. On the contrary, it calls for a reduction in the current levels of impunity afforded to individuals who are effectively protected under Bolivian regulations established during the government of Evo Morales, while he simultaneously served as president of the coca growers’ federations of the Cochabamba tropics.
What is your opinion? Is this legal distinction justified, or should the same standard be applied to all actors in the production chain? Please share your view respectfully.

Main Sources (for verification):

UNODC Bolivia Coca Survey 2024.
Bolivian Constitution (2009) and Law 906 (2017).
UDAPE studies, FELCN reports, and InSight Crime.
Publicly available and verifiable information on judicial cases.

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