EL SINTOMA VISIBLE DE UN PROBLEMA NACIONAL: EL CASO DE SAN MATÍAS

El caso de San Matías es un síntoma de un problema sistémico, pero debe ser atendido para ser resuelto de manera integral, porque no se resuelve tomando medidas en el lugar de los hechos, abarca territorialmente a muchos municipios urbanos y rurales de Bolivia, pero también afecta a la economía, la población y las instituciones del Estado.  

San Matías no es todavía lo que muchos temen, pero tampoco es ya un punto cualquiera en el mapa. Es, más bien, una señal, una de esas señales que en economía suelen aparecer antes de que los fenómenos se vuelvan estructurales, cuando aún es posible intervenir con relativa eficacia, pero también cuando la tentación de subestimar el problema es mayor.

Lo que ocurre allí, no debe leerse únicamente como un episódio de seguridad o un hecho aislado en una frontera, estamos hablando de un municipio pequeño sin capacidades para poder enfrentar y/o controlar el narcotráfico, así como existen otros municipios fronterizos en Bolivia, que también tienen grandes debilidades en sus capacidades para poder atender sus competencias.

En contraposición, tenemos una red de narcotráfico que opera con una lógica propia en Bolivia y que fue fortaleciéndose en nuestro país en los últimos 20 años, escalando poco a poco su participación tanto en la sociedad como en la economía informal. Esta red inició como un sistema económico ilegal e informal incipiente, pasando a ser mucho más amplio en función a su desarrollo y expansión, no teniendo límites administrativos (departamentos, municipios), aprovechando la debilidad Estatal y moviéndose, siguiendo una lógica clara: la rentabilidad.

El narcotráfico, más allá de su dimensión criminal, es un negocio extraordinariamente eficiente en términos económicos. Opera con márgenes de ganancia que pocas actividades legales pueden igualar, con liquidez inmediata y con una notable capacidad para absorber costos que en otros sectores resultarían prohibitivos (a mayor riesgo, mayor ganancia). Donde hay debilidad institucional, falta de oportunidades y escasa presencia estatal efectiva, ese negocio encuentra terreno fértil. No llega necesariamente con violencia desde el primer momento, sino con dinero. Y el dinero, en economías locales frágiles, ordena, seduce y reemplaza.

Así comienza un proceso que rara vez es abrupto. Primero aparece el territorio como ruta, un punto de paso casi invisible donde la logística se instala de manera discreta. Luego, poco a poco, ese tránsito se convierte en control. Las rutas dejan de ser solo caminos y pasan a ser activos estratégicos. Se tejen relaciones con actores locales, se infiltran sectores como el transporte o el comercio, y la economía empieza a sentir la presencia de capitales, que generan mayor comercio de bienes y servicios. Más adelante, el fenómeno escala: ya no se trata solo de mover mercancía, sino de participar en la cadena completa, desde el acopio hasta la transformación. Y finalmente llega la fase donde el dinero que regresa, tiene que ser lavado, e insertado en la economía formal.

Es en ese punto cuando el problema deja de ser periférico, el narcotráfico ya no está “afuera” del sistema, sino dentro. Invierte en bienes raíces, en negocios, en actividades legales que compiten —de manera desleal— con quienes sí cumplen las normas. Distorsiona precios, altera incentivos, redefine decisiones de inversión. Genera una economía paralela que, con el tiempo, se entrelaza con la formal hasta volverse difícil de separar. Y entonces, lo que empezó como una ruta en un municipio fronterizo puede terminar influyendo en mercados regionales, instituciones y decisiones políticas a nivel nacional.

San Matías, en ese sentido, es una alerta temprana, porque el fenómeno no está completamente consolidado, porque todavía es posible ver disputas entre organizaciones criminales transnacionales, entender su lógica y actuar antes de que el proceso avance hacia niveles de integración mucho más profundos. Limitar la respuesta a operativos locales es necesario, pero insuficiente frente a un problema cuya naturaleza es sistémica. El narcotráfico no funciona con eslabones cerrados e independientes: conecta producción, transporte, comercialización y financiamiento en una sola cadena. Intervenir en un solo eslabón sin afectar los demás suele generar desplazamientos, no soluciones.

Por eso la discusión de fondo no es únicamente cómo contener lo que ocurre en San Matías, sino cómo enfrentar, a nivel nacional, los incentivos económicos que hacen posible su expansión. Esto implica mirar más allá de la seguridad y entrar en el terreno de la política económica, del desarrollo productivo, del sistema financiero, de la capacidad institucional del Estado para regular, fiscalizar y ofrecer alternativas reales. Implica reconocer que, mientras el negocio siga siendo tan rentable y los costos efectivos sigan siendo relativamente bajos, siempre habrá actores dispuestos a ocupar ese espacio.

La historia reciente de la región muestra que cuando el narcotráfico logra consolidar su presencia en múltiples eslabones de la cadena y, sobre todo, cuando consigue insertar sus recursos en la economía formal, desmontarlo se vuelve más difícil. Los costos ya no son solo económicos, sino sociales y humanos. Aumenta la violencia, se deteriora la confianza en las instituciones y se eleva el riesgo de que conflictos que antes eran marginales escalen a niveles mucho más graves.

Bolivia está, en este caso, frente a una disyuntiva que no es nueva, pero sí urgente. Puede tratar a San Matías como un problema localizado, gestionable con medidas puntuales, o puede entenderlo como lo que probablemente es: el inicio visible de un proceso que, de no ser abordado de manera integral, puede expandirse y arraigarse. La diferencia entre una y otra decisión no es menor. Es, en buena medida, la diferencia entre intervenir a tiempo o enfrentar, más adelante, un escenario mucho más complejo, más costoso y, lamentablemente, más violento.

Además, se debe tomar en consideración dos aspectos importantes: el primero es que somos un país productor de coca, materia prima de la cocaína, donde el chapare es el centro neurálgico de esta producción, con laboratorios de cocaína que funcionan dentro de esa misma región (según reportes de la ABI en mayo 2026 se encontrar 12 laboratorios en el Tropico de Cochabamba) y segundo la UNODC United Nations Office on Drugs and Crime, es decir, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito es su documento más reciente “World Drug Report 2025 reafirma el hecho de que Bolivia es un país de origen de cocaína y, en cierta medida, también como país de tránsito desde Perú hacia Brasil, Paraguay, Argentina y Chile (el término “en cierta medida” muestra que Bolivia aún no está consolidado como país de tránsito).

Asimismo, en los últimos años, Bolivia ha registrado casos de alto impacto que, aunque distintos entre sí y con investigaciones de diverso grado, funcionan como alertas de una creciente sofisticación del crimen organizado. Entre ellos están el caso del narcotraficante Sebastián Marset y su red que operó en el país antes de huir; el asesinato del capitán de policía José Carlos Aldunate, quien había trabajado en la lucha antidroga y cuyo caso sigue sin autores intelectuales esclarecidos; y también operativos donde autoridades bolivianas reportaron la captura o investigación de presuntos integrantes de organizaciones criminales transnacionales, como el PCC y Comando Vermelho. En conjunto, estos hechos no prueban un control territorial consolidado, pero sí muestran que el país enfrenta manifestaciones crecientemente complejas del crimen organizado, tanto en zonas fronterizas como en centros urbanos de gran relevancia económica, como Santa Cruz de la Sierra.

Porque si algo enseña la experiencia comparada es que, cuando estos sistemas logran consolidarse, ya no solo se trata de economías ilegales, sino de estructuras profundamente incrustadas en la realidad de un país. Y en ese punto, desarmarlas no solo exige recursos y tiempo, sino que suele venir acompañado de un precio alto en vidas humanas. Evitar que Bolivia llegue a ese escenario depende, en gran medida, de la capacidad de reconocer hoy la magnitud del problema y de actuar en consecuencia.

By: Maldana

Marcos Alejandro Aldana Dávila

Economista

Marcos Alejandro Aldana Dávila