¿PACTO FISCAL O REPARTO DE ESCASEZ?

El acuerdo reciente entre el gobierno y las gobernaciones abre una agenda de desarrollo y pacto fiscal. Sin embargo, en un contexto de déficit elevado, financiamiento limitado y cambios institucionales relevantes, la discusión central sigue pendiente: qué se está repartiendo y en qué condiciones.

En el debate público boliviano, el llamado “pacto fiscal” ha vuelto a ocupar un lugar central, asociado generalmente a la redistribución de recursos entre el nivel central del Estado y los gobiernos subnacionales. Gobernaciones y municipios demandan una mayor participación en los ingresos, mientras el nivel central busca preservar márgenes de gestión macroeconómica.

Sin embargo, reducir el pacto fiscal a una discusión de porcentajes, 50/50 u otra fórmula, resulta no solo insuficiente, sino conceptualmente limitado.

La cuestión de fondo no es cuánto se reparte, sino qué se está repartiendo, bajo qué criterios y con qué objetivos de desarrollo.

En su sentido más amplio, un pacto fiscal es un acuerdo político, económico e institucional sobre la forma en que el Estado recauda, asigna y utiliza los recursos públicos. Implica definir prioridades, establecer competencias entre niveles de gobierno y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Sin estos elementos, cualquier redistribución corre el riesgo de convertirse en un ejercicio meramente administrativo.

En este contexto, el acuerdo firmado el 5 de agosto de 2026 entre el gobierno central y las gobernaciones introduce un elemento relevante. Según la información disponible, no se limita a una redistribución inmediata de recursos, sino que plantea una agenda más amplia que incluye planificación del desarrollo territorial, identificación de potencialidades productivas y la apertura del debate fiscal en un marco más estructural.

Bolivia enfrenta actualmente un contexto macroeconómico restrictivo. El déficit fiscal se mantiene en niveles elevados (en torno al 9% del PIB para el 2026, tras haber alcanzado aproximadamente el 12% en 2025) lo que equivale a una brecha cercana a los 8.000 millones de dólares para el año 2026, según el Fondo Monetario Internacional (World Economic Outlook).

Este desequilibrio implica que el Estado gasta sistemáticamente más de lo que ingresa, y que la diferencia debe financiarse. No obstante, las fuentes disponibles son limitadas. El reciente financiamiento externo, del orden de 1.900 a 2.000 millones de dólares, cubre apenas una fracción del déficit y, además, no está concebido para sostener gasto corriente de manera permanente, sino para acompañar procesos de estabilización y reforma.

En este sentido, el financiamiento externo conseguido hasta la fecha, no resuelve el problema fiscal: lo difiere.

A ello se suma la persistencia de subsidios significativos (especialmente a combustibles y energía) que continúan ejerciendo presión sobre el gasto público. Mientras estos componentes estructurales no sean abordados, el déficit tenderá a reproducirse.

En estas condiciones, la redistribución de recursos, a través del pacto fiscal, adquiere una característica particular: no se está repartiendo abundancia, sino escasez. Y en ese marco, conviene decirlo con claridad: no es posible construir un pacto fiscal sostenible sobre la base de un déficit estructural.

A este escenario se suma un hecho institucional reciente que no puede ser ignorado. Según reportes de prensa, el Gobierno ha decidido eliminar el Ministerio de Planificación del Desarrollo como parte de una reestructuración del gabinete orientada a reducir el tamaño del Estado.

La medida puede responder a criterios de austeridad y eficiencia administrativa. Sin embargo, introduce una interrogante de fondo: ¿cómo se sostendrá la función de planificación estratégica en el Estado?

Porque más allá de la existencia o no de un ministerio, la planificación no es un componente accesorio: es el eje que permite articular inversión pública, desarrollo productivo y sostenibilidad fiscal. En ausencia de una instancia clara de planificación, el riesgo es que las decisiones fiscales se fragmenten o respondan únicamente a presiones coyunturales.

Desde esta perspectiva, el ajuste fiscal no debe entenderse únicamente como una reducción del gasto o un aumento de impuestos, sino como parte de un proceso más amplio de ordenamiento del Estado. La discusión no es solo cuánto se gasta, sino en qué se gasta y con qué resultados.

La calidad del gasto público se vuelve, entonces, un elemento central. Un gasto bien orientado puede fortalecer la capacidad productiva y ampliar la base de ingresos en el tiempo. Uno mal asignado, en cambio, tiende a perpetuar los desequilibrios existentes.

Por ello, el ajuste fiscal debería ser la consecuencia de una planificación estratégica del desarrollo, no un fin en sí mismo. El orden lógico es claro: primero se define una visión de país, luego se estructura la planificación, se establecen prioridades y recién entonces se ajustan los recursos a esa estrategia.

El propio acuerdo entre el gobierno y las gobernaciones refleja esta dualidad. Si bien incorpora elementos de planificación y desarrollo, se inscribe en un contexto de fuerte restricción fiscal. El riesgo es que, en la práctica, la discusión vuelva a centrarse en la distribución de recursos escasos, relegando la construcción de un sistema fiscal sostenible.

El debate actual parece, en ese sentido, adelantarse a definiciones que aún no han sido plenamente resueltas: las competencias de cada nivel de gobierno, el costo de dichas competencias y la sostenibilidad del conjunto del sistema.

Esto plantea un problema de secuencia: se discute el “cómo repartir” antes de haber definido con claridad el “para qué” y el “cuánto es posible repartir”.

En este escenario, la pregunta central no es si puede existir un pacto fiscal en el corto plazo, de hecho los avances recientes muestran que es posible. La cuestión es si dicho pacto será sostenible.

Mientras no exista una trayectoria creíble de reducción del déficit, una estrategia de desarrollo que fortalezca la base productiva y una institucionalidad clara que articule la planificación del Estado, cualquier acuerdo corre el riesgo de convertirse en un mecanismo de redistribución de una escasez persistente.

Bolivia enfrenta un desafío estructural que trasciende la coyuntura. En ese contexto, el pacto fiscal no puede ser concebido como un punto de partida, sino como el resultado de un proceso más amplio de estabilización, planificación y reforma.

Porque, en última instancia, el país no debería estar discutiendo cómo repartir lo que no alcanza, sino cómo construir las condiciones para que esos recursos existan y sean sostenibles en el tiempo.

Maldana

Economista.

Marcos Alejandro Aldana Dávila